El nuevo proyecto ha sido presentado en la Cámara de Representantes del país y pretende exigir garantías ante la policía y su capacidad actual de revisar cualquier correo o el seguimiento de llamadas en los teléfonos. Un proyecto que ha sido presentado por el representante Zoe Lofgren (D-CA) y que requeriría a los agentes de una obtención de orden judicial antes de acceder a los correos o nuestra información de ubicación. Y es que en el mes de agosto se intentó por última vez derrocar la situación actual. En ese momento el Tribunal de Apelaciones del país dictaminó que los funcionarios policiales tenían derecho a acceder a los datos de ubicación de los teléfonos de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden. Una decisión basada en la denominada Stored Communications Act que establece que las autoridades no pueden acceder al contenido de las comunicaciones pero sí se les permite ver dónde y a quién iban. Apoyados en esta circunstancia, los fiscales han estado utilizando esta ley para justificar el acceso a los datos de posición durante un tiempo, una interpretación ampliamente criticada por los grupos de libertades civiles. Ahora, con el proyecto de ley de Lofgren se podría enmendar la denominada Electronic Communications Private Act, la cual entró en vigor en 1986, es decir, en una época en la que no existían los smartphones actuales. Una actualización necesaria que no está del todo claro que vaya a ocurrir. Hasta ahora todos los proyectos de ley similares han sido bloqueados por el Departamento de Justicia sobre la base de que el impedimento al acceso de estos datos por parte de la policía hace más difícil las investigaciones.
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La policía Gringa no necesita una orden judicial para ver tu correo
Written By LAURIS on miércoles, 26 de septiembre de 2012 | 4:13
El nuevo proyecto ha sido presentado en la Cámara de Representantes del país y pretende exigir garantías ante la policía y su capacidad actual de revisar cualquier correo o el seguimiento de llamadas en los teléfonos. Un proyecto que ha sido presentado por el representante Zoe Lofgren (D-CA) y que requeriría a los agentes de una obtención de orden judicial antes de acceder a los correos o nuestra información de ubicación. Y es que en el mes de agosto se intentó por última vez derrocar la situación actual. En ese momento el Tribunal de Apelaciones del país dictaminó que los funcionarios policiales tenían derecho a acceder a los datos de ubicación de los teléfonos de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden. Una decisión basada en la denominada Stored Communications Act que establece que las autoridades no pueden acceder al contenido de las comunicaciones pero sí se les permite ver dónde y a quién iban. Apoyados en esta circunstancia, los fiscales han estado utilizando esta ley para justificar el acceso a los datos de posición durante un tiempo, una interpretación ampliamente criticada por los grupos de libertades civiles. Ahora, con el proyecto de ley de Lofgren se podría enmendar la denominada Electronic Communications Private Act, la cual entró en vigor en 1986, es decir, en una época en la que no existían los smartphones actuales. Una actualización necesaria que no está del todo claro que vaya a ocurrir. Hasta ahora todos los proyectos de ley similares han sido bloqueados por el Departamento de Justicia sobre la base de que el impedimento al acceso de estos datos por parte de la policía hace más difícil las investigaciones.
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